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El homicidio del abogado Javier Humberto Ordoñez a manos de miembros de la Policía desencadenó una serie de manifestaciones ciudadanas que no deben ser invisibilizadas por el uso de la violencia por parte de unos pocos. El descontento evidencia la necesidad de adelantar profundas transformaciones en las fuerzas policiales de la ciudad y el país. Hacer de Bogotá una ciudad cuidadora, donde las personas vivan sin miedo, exige que la Policía se transforme de una fuerza represora a una que tiene como objetivo salvaguardar la dignidad humana y el respeto de los derechos de los ciudadanos.

Un video, dado a conocer por redes sociales, muestra como miembros de la policía dan múltiples descargas eléctricas al abogado Javier Humberto Ordoñez, en la localidad de Engativá. A pesar de los gritos para que detuvieran las descargas y de que Ordoñez ya había sido reducido, sometido y controlado, los policías continuaron con el uso del Taser, en lo que claramente es un uso indebido de la fuerza y de estos dispositivos.
 
El homicidio de Ordoñez generó las manifestaciones ciudadanas en la noche del 9 de septiembre en diferentes sectores de la ciudad. En el marco de esta jornada de protestas se reporta la muerte de siete personas más y 66 heridos por armas de fuego. Desde ya exijo que se adelanten las investigaciones que permitan establecer los autores de estos homicidios, y pedimos que estas sean asumidas por la Justicia Ordinaria y no por la Justicia Penal Militar.
 
Los hechos que se presentaron en el día de ayer, y los enfrentamientos de parte de unos pocos, no deben ser utilizadas para invisibilizar el descontento ciudadano con respecto al actuar de la policía. Así mismo, el rechazo manifestado el día de ayer no puede analizarse desde una perspectiva reduccionista que pretende verlo como un evento aislado, sino que, por el contrario, es el resultado de la indignación con el accionar histórico de la policía en la ciudad.
 
Solo en el año 2020 en Bogotá, de acuerdo a información entregada por la alcaldesa Claudia López, se han recibido 137 denuncias por casos de uso excesivo de la fuerza y violación de Derechos Humanos por parte de la Policía, las cuales fueron trasladadas a la policía y en las que en 99 de ellas no se ha adelantado ninguna acción.
 
En noviembre del año pasado Bogotá vio como un uniformado del ESMAD, violando todos los protocolos, dispara con una escopeta calibre 12 una bolsa con cerca de 700 esferas de plomo directamente contra el cuerpo de Dilan Cruz, lo que ocasionó su muerte días después del ataque.
 
La Red Comunitaria Trans denunció que en junio de este año un grupo de uniformados atacó a un grupo de trabajadoras sexuales trans. De acuerdo a la denuncia, un grupo de policías llegó al sector donde se encontraban y las atacaron con los bolillos, balas de goma y las obligaron a irse del lugar. La Red señala que esto no es una acción aislada sino un comportamiento repetitivo por parte de la fuerza pública.
 
Estos son solo algunos ejemplos de los usos indebido de la fuerza por parte de la policía. Estos casos son cada vez más repetitivos y dan muestra de la necesidad de adelantar profundas transformaciones en las fuerzas policiales del país. La alcaldesa Claudia López, a quien acompañamos en esta iniciativa, ha liderado la propuesta y ha declarado que: “Se necesita el trabajo del gobierno y de los congresistas, de todas las Bancadas, para que se pueda dar un trámite urgente y preferente a la reforma de la Policía y de los cuerpos de seguridad”.
 
Esta transformación debe ser el resultado del trabajo articulado entre la nación y los gobiernos locales, y debe tener como un elemento central la propuesta para que la Policía deje de estar inscrita en el Ministerio de Defensa y la eliminación de la Justicia Penal Militar para los cuerpos de policía, que son por principio civiles y no militares.
 
El Plan de Desarrollo de Bogotá establece como uno de sus horizontes la construcción de una ciudad cuidadora, en la que los ciudadanos vivan sin miedo. Esto demanda, entre otras cosas, que la Policía deje de ser una fuerza que ve en la ciudadanía un enemigo, a una que tiene como objetivo salvaguardar la dignidad humana y el respeto de los derechos de los ciudadanos.
 
Como lo indica el mismo Código Nacional de Policía, el traslado por protección de parte de la Policía tiene la finalidad de proteger la vida y la integridad de la persona misma y de terceros, y no como sucedió en el presente caso, de arrebatarla violentamente abusando de la autoridad de los uniformados.
 
Desde el Concejo de Bogotá he manifestado que en Bogotá no debe enfocarse solo en el número de efectivos en la ciudad, sino en la calidad de los mismos. En este sentido he señalado la necesidad de adelantar procesos de formación y capacitación de todos los policías de la cuidad en materia de Derechos Humanos, las violencias, conflictividades y delitos urbanos, para dotarlos del conocimiento necesario para responder oportunamente a los retos que pueden encontrar en su labor diaria. Esta propuesta fue acogida en el Plan de Desarrollo de la ciudad que estableció la formación de 10.000 uniformados en estos temas.
 
Sobre el uso de los “Taser”
 
El uso de las armas de descargas eléctricas siempre ha estado en entredicho, especialmente en lo relacionado a su uso denominación con armas no letales. ONG y entidades internacionales, como Amnistía Internacional, han adelantado diversas investigaciones para demostrar que estas armas son potencialmente letales y que de esta forma deberían ser tratadas por todas las fuerzas policiales del mundo. Amnistía Internacional ha realizado un seguimiento que le ha permitido identificar que alrededor del mundo se han presentado más de 1000 muertes como consecuencia del uso de estos dispositivos.
 
La denominación como no letales no solo es incorrecto, sino que genera que, al usarla bajo esta premisa, las fuerzas de policía tienden a usar estos dispositivos en más ocasiones, son poco cuidadosos en su utilización, lo hacen durante mucho más tiempo y se usa en casos en los que no sería necesario. De igual forma, Amnistía Internacional ha establecido que estas armas presentan un factor de riesgo más elevado en personas que tienen algunas preexistencias médicas, las cuales no pueden ser conocidas por los uniformados antes de su utilización, poniendo en riesgo a la ciudadanía.
 
Por esta razón hago un llamado a las autoridades nacionales y distritales para que tomen las acciones necesarias para que este tipo de armas sean dejadas de utilizar por parte de las fuerzas de policía en Bogotá y en el país.